Después de una década como notaria, ingresó al Poder Judicial como magistrada y, unos años después, su nombre figuraba en la lista que el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sánchez Cordero llegó con una consigna para sí misma: “Me digo: ‘Estoy para defender derechos fundamentales’, y me importaban los grupos vulnerables, los niños, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los marginados por preferencias sexuales”.

Con esa vocación, estudió la Ley Robles (que los ministros llaman el caso “aborto uno”). Su proyecto de sentencia recibió el apoyo de siete ministros, y así la ley se declaró constitucional. Las mujeres del Distrito Federal ampliaban sus libertades.

Y conforme la ciudad decretaba nuevas libertades, la Suprema Corte recibía impugnaciones, y tenía la última palabra. En 2007 llegó la acción de inconstitucionalidad contra la ley que despenalizó en el Distrito Federal la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, el caso “aborto dos”.

El ministro Salvador Aguirre, el más conservador de todos, era el encargado de estudiar el caso y presentar el proyecto de sentencia que se discutiría en el Pleno de la Corte. Sánchez Cordero tenía que definir su voto, y defenderlo.

La ministra no tenía certezas. No podía —ni puede aún— decir cuándo empieza la vida. Esa incertidumbre le daba una certeza: no se puede castigar a una mujer por interrumpir un embarazo. “Toda norma debe tener un principio de certeza, para saber en qué momento hay una conducta ilícita o lícita —dice tajantemente, y en ese momento habla como jurista—. Nadie sabe en qué momento hay vida, los médicos no se han puesto de acuerdo si tienen que transcurrir horas o días. Esa norma crea un estado de inseguridad, porque no sabes cuándo entras en una conducta lícita o en una ilícita.”

—Por Galia García Palafox