Desde hace más de cuatro décadas, en sus cubículos y laboratorios, un nutrido grupo de neurobiólogos, genetistas, químicos y médicos como Ricardo Tapia, Fernando Walls, Rubén Lisker y Ruy Pérez Tamayo han contribuido de forma independiente, sin otra intención que la de investigar, para que existan avances significativos en los derechos de las mujeres. “Introdujeron temas como la defensa de las mujeres y su derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Entonces sí hay una tradición, y ahorita que me preguntas me doy cuenta. No lo había percibido así”, confiesa después de hacer un recorrido de más de 10 minutos sobre cómo los investigadores mexicanos que estudian el embarazo, la fecundación, el embrión o la reproducción se convierten en defensores de las mujeres.

Detrás de su escritorio de directora en la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz vuelve a interrumpir la charla, toma su iPad y recorre con el dedo índice derecho varias notas periodísticas referentes a la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ambos días de septiembre de 2011, cuando no se alcanzaron los ocho votos que exige la ley para invalidar las mencionadas reformas a las constituciones locales que llegaron al análisis del tribunal. Como bióloga, le indigna que otra vez las creencias se pongan por encima de los argumentos y las bases científicas. “La Suprema Corte de Justicia en México tiene que discutir y tener bases de carácter no solamente científico, sino con base en conocimientos”, dice mientras deja en el escritorio su iPad y aprieta con sus dos manos una taza de café, como estrujándola. Es una violación tremenda a la legalidad, agrega, que a partir de una creencia cuatro magistrados impidan invalidar las leyes que protegen a una célula y que no permiten que una mujer tome una decisión sobre su embarazo.

—Por Mario Gutiérrez