Aquella noche de 1999 cambió su vida. Cuando se dieron cuenta del embarazo, Paulina y su madre acudieron al Ministerio Público a pedir autorización para interrumpir el embarazo al que por ley tenía derecho.

Los doctores se reían de Paulina. “¿Qué haces aquí? Aquí no es pediatría”, le decían. Aunque los estudios confirmaron el embarazo y había una orden para que le practicaran el aborto, los médicos adujeron excusas para no hacerlo. Le pedían que regresara al día siguiente, y al siguiente.

La primera vez que Paulina ingresó al Hospital General para interrumpir su embarazo, la tuvieron ahí una semana. Tenía dos meses de embarazo. Desde la cama, entre mujeres en trabajo de parto —porque ahí la pusieron—, escuchaba el cuchicheo entre médicos y enfermeras: no le iban a practicar el aborto, así perdieran su trabajo.

Paulina y su madre volvieron al Ministerio Público. El procurador de Justicia del Estado, Juan Manuel Salazar Pimentel, las atendió personalmente. Las subió a su automóvil y las llevó a ver a un amigo suyo: un sacerdote que amedrentó a Paulina con quedar excomulgada.

Paulina ingresó por segunda vez al hospital. Las enfermeras la maltrataban y procuraban que todos se enteraran de la razón de su hospitalización. El cuarto día de espera, el director del hospital entró a la habitación de Paulina con dos mujeres, que ella describe como si las tuviera enfrente. Se presentaron como empleadas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). “Me mostraron una hoja en blanco con manchas negras. ‘¿Qué ves ahí? —me dijeron— Echa la cabeza atrás, cuenta hasta 10, y vela.’ Era la cara de Cristo”, dice Paulina, y mueve la cabeza, indignada. Le pusieron videos de fetos. Le dijeron que lo iba a matar si interrumpía el embarazo. La niña de 13 años no podía con tanto. “Se me vinieron tantas cosas a la cabeza. Por una parte les creí.” Tiempo después se enteraron de que las mujeres eran miembros de Provida, no trabajadoras del DIF.

—Por Galia García Palafox